A diferencia de los países de economía avanzada, con los que nos gusta compararnos en otros temas, Chile carece de un ordenamiento jurídico adecuado y voluntad política para proteger la zona costera y el mar territorial, pese al chauvinismo criollo que tanto valora “ese mar que tranquila te baña”.
La reciente sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que deja sin efecto la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad –que había rechazado el proyecto minero Dominga sobre la zona costera y marina de la comuna de la Higuera en la región de Coquimbo, deja en evidencia, nuevamente, la falta de políticas públicas de gestión, ordenamiento territorial y planificación de esta zona estratégica de nuestro territorio, la zona costera.
Esteban Araya, director Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural
A diferencia de los países de economía avanzada, con los que nos gusta compararnos en otros temas, Chile carece de un ordenamiento jurídico adecuado y voluntad política para proteger la zona costera y el mar territorial, pese al chauvinismo criollo que tanto valora “ese mar que tranquila te baña”. Así, al menos, lo vemos reflejado en el Parlamento, donde proyectos de ley que buscan dar reconocimiento y protección a la zona costera, “duermen” esperando un milagro de Navidad.
Solo nos acordamos de la costa en verano, cuando la asociamos a las vacaciones, al relajo. Esto obedece al centralismo, tan fuerte y dañino, que nos lleva a todos a pensar, incluso a los que vivimos en ella, desde el centro, desde Santiago, olvidando que existe un territorio vasto, diverso y dinámico en el que millones de personas hacen su vida allí durante todo el año. Pese a que somos un país costero, en Chile falta un órgano de evaluación ambiental especialista en la zona costera. En palabras de académicos y comunidades, “le hemos dado la espalda al mar”. Debe ser porque solo se valora algo cuando se pierde, o se tiene en abundancia, como nuestra extensa costa.
Hoy, quien tiene su “resguardo”, la Armada de Chile, no tiene las herramientas jurídicas para cumplir esta tarea. En la actualidad la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado –integrada por los senadores Sergio Gahona (UDI), Isabel Allende (PS), Ricardo Lagos (PPD), Rafael Prohens (RN), y Francisco Chahuán (RN)– discute el proyecto de ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín N° 8.467-12), el que, con motivo del llamado “Pacto Fiscal” y la agenda sobre “permisología”, ingresó con urgencia desde el Ejecutivo. El proyecto no aborda el problema de la administración del borde costero, no lo planifica, ni siquiera lo entiende, solo se limita a acelerar la tramitación de permisos y concesiones sobre la zona costera. Facilita el otorgamiento de concesiones sin considerar los elementos de pertinencia ecológica, territorial y de justicia ambiental, dejando a voluntad del privado lo que puede o no hacerse en la zona costera, desde la construcción de un edificio sobre un ecosistema o la manipulación de estos, como lo que actualmente ocurre, a vista y paciencia de todos, en el quinto sector de playa Reñaca. Tampoco considera el riesgo frente a desastres naturales, lo que da pie a incentivar conflictos socio-territoriales al destruir ecosistemas clave, como campos dunares, humedales costeros, desembocaduras, playas, entre otros; así como el surgimiento de nuevas zonas de sacrificio sobre la costa chilena.
La iniciativa legal tampoco considera instancias de participación ciudadana, menos, consulta indígena, en circunstancia de que en la zona costera de Chile existen diversas ocupaciones de pueblos originarios que viven y se desarrollan sobre esta, oponiéndose a tratados internacionales suscritos por nuestro país, como el Convenio 169 de la OIT. Mucho menos, reconoce el rol y el carácter público de la costa; no considera ni aborda el vacío normativo existente a la fecha en materia de protección costera.
¿Qué y cómo podemos hacer las comunidades costeras frente a esto? Más allá de insistir y manifestar nuestra preocupación en redes sociales, o solicitar audiencias a través de los medios formales, los que no tienen respuesta, la pregunta sigue siendo qué hacemos frente al deterioro de nuestra calidad de vida, nuestro patrimonio ambiental, cultural, las especies de la zona costera, las actividades.
Es urgente y necesario un ordenamiento orgánico de la zona costera, necesitamos una ley de costas. Qué podemos esperar de un gobierno que impulsa una ley de concesiones marítimas que atenta contra la protección de la zona costera, y parlamentarios que discuten lo recibido sin cuestionarse, al menos, el impacto negativo sobre esta y sus comunidades. ¿Qué pasa con los ministerios del Medio Ambiente, de Defensa Nacional, de Bienes Nacionales y sus titulares? ¿Tendrán algo que decir? ¿Acaso tendremos que esperar que pasen las fiestas de fin de año y el consiguiente “receso parlamentario” del verano para escuchar alguna voz que nos dé las respuestas que tanto esperamos?
Esteban Araya, director Fundación para la Integración del Patrimonio Natural y Cultural
