Los habitantes de La Araucanía y las regiones vecinas observan a diario la quema de camiones, cortes de rutas y disparos con armas de guerra, en una zona de Chile donde el Estado parece sin presencia. El pasado 22 de abril, de madrugada, un camionero de 35 años fue herido grave mientras conducía en la principal ruta chilena, lo que motivó que su gremio comenzara una ola de protestas en demanda por mayor seguridad en las vías, incluidos cortes de las carreteras. En la localidad de Tirúa, en la región del Biobío, un retén de Carabineros fue atacado en diversas ocasiones en los últimos días.
El viernes, por ejemplo, un grupo de 50 encapuchados que portaban cerca de 500 cartuchos de armas llegaron a “rescatar” a dos personas detenidas en ese lugar. Fue un ataque que se adjudicó, posteriormente, el grupo Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), que declaró: “Dejamos en claro al Gobierno que no habrá ninguna agresión sin respuesta”.
Boric buscó en las últimas semanas que el Congreso aprobara una especie de estado de excepción intermedio, una nueva fórmula jurídica que permitía a las Fuerzas Armadas resguardar los caminos, sin necesidad de recurrir a la declaración de un estado de excepción constitucional.
El objetivo era establecer en la actual Constitución un “estado de protección y resguardo constitucional” principalmente en rutas y carreteras, con mayor control de la autoridad civil. Pero parte de su propia coalición le dio vuelta la espalda y el Gobierno de Boric no tuvo los votos en el Congreso para llevar la iniciativa adelante, porque en su sector existe una gran resistencia a la utilización de militares en la zona. Fue la razón por la que, finalmente, el Ejecutivo chileno tuvo que decidir el decreto de un estado de emergencia tradicional, aunque acotado.
En el decreto del Gobierno, se relata que se ha observado un aumento de los actos violentos en las rutas y “cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas”. La medida fue decretada por 15 días y la Administración de Boric puede prorrogarla por un período similar sin consultar al Congreso.
FUENTE: EL PAÍS
AUTOR: ROCÍO MONTES