Fiscalía ha perseguido y condenado a varios de los médicos colombianos que fraguaron el fraude de licencias médicas más grande registrado en Chile. Sin embargo, todo apunta a que hay más para indagar. Según fuentes del sitio web de noticias https://www.biobiochile.cl/ las más de 25 mil licencias emitidas por los profesionales caribeños, reveló que miles de funcionarios públicos presentaron documentos extendidos por los imputados. Las entidades más perjudicadas son del área educación y salud. También decenas de municipios. Más allá del entramado delictual, el asunto es la punta del iceberg: sin ir más lejos, Junji y Fundación Integra acumularon casi 200 mil licencias sólo en 2023. Si bien están fiscalizando la situación, internamente no consideran que genere un problema relevante en sus operaciones.
Miles de funcionarios públicos figuran en el listado de clientes de los médicos detrás del fraude de licencias más grande de Chile.
En la nómina se repite un grupo de 10 galenos colombianos perseguidos por vender licencias a quienes se lo requirieran sin ningún examen previo.
Dicha situación redundó en que instituciones sensibles para el Estado terminaran dándole descanso a funcionarios sin que se sepa si eran ideológicamente falsas o no. Aunque el alto volumen de licencias y el tipo de prescripciones levantan las sospechas por si solas. “Ninguno de estos médicos tiene la especialidad de psiquiatría. Y casi el 95% de sus licencias eran psiquiátricas”, apuntó Rodrigo Varela, abogado querellante en el caso.
El asunto golpea principalmente a entidades clave en el andamiaje del Ministerio de Educación, como Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y varios servicios de educación pública (SLEP). También figuran otras de vital importancia para el Ministerio de Salud, como la Subsecretaría de Salud Pública, servicios de salud y un sinnúmero de hospitales.
El listado de licencias alcanza las 945 páginas y es parte de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente y donde se enumeran más de 25 mil licencias otorgadas por los médicos indagados.
Con todo, la nómina también la engrosan decenas trabajadores de las municipalidades y sus respectivas corporaciones edilicias. Irónicamente, en menor medida, aparecen incluso funcionarios de Fonasa -organismo que paga las licencias- y Fiscalía, entidad que precisamente investiga este tipo de irregularidades.
Vuestra garrulería sólo admitirla puede un enfermo imaginario. Vuestra sabiduría es tan sólo una quimera, Médicos poco doctos y ligeros. (El enfermo imaginario, Moliere)
La historia va así. Detrás de las licencias al sector público se esconde un puñado de médicos colombianos que arribaron a Chile para concretar un fraude que superó los $26 mil millones de pesos. Todo se enmarca en el entramado delictual que comenzó en 2020, cuando Samir Rivaldo Hernández y su pareja Yesica Donado Alvis —líderes de la organización, según la indagatoria— montaron un negocio de licencias ideológicamente falsas que se extendió por dos años.
La trama ilegal llegó a tanto que necesitaron contratar a otros médicos colombianos para que vendieran licencias a destajo. Al sector público y también al privado. El beneficio era redondo: todos se llevaban una comisión. A más días, más ganancia
Pero la Fiscalía Metropolitana Oriente les siguió el paso. La acusación que armó el Ministerio Público contra cada involucrado hoy tiene a 12 profesionales condenados. Y aunque la mayoría de ellos cumplirá la pena en libertad vigilada, tres se tuvieron que ir del país: Kevin Pérez Cartagena, Harinsson González Murcia y Cristian Ledesma Vargas.
Precisamente el nombre de este último se repite entre los trabajadores del sector público que requirieron de sus servicios. Ledesma Vargas, médico de la Universidad Simón Bolívar desde 2016, emitió 2.115 licencias médicas en 12 meses, entre diciembre 2021 y fines de 2022. Su perjuicio al fisco superó los $840 millones.
Jeffry Donado Alvis, hermano de la líder del fraude, permaneció en el país sólo cinco días en abril de 2022, pero en un periodo de cinco meses emitió 7.287 licencias médicas, únicamente para usuarios de Fonasa, cuyos pagos causaron un perjuicio al Estado de $2.557 millones.
Rafael Camargo Crespo y Andrés Jiménez Bastidas son otros de los nombres recurrentes entre los servidores públicos, quienes emitieron documentos al alero de Servicios Médicos Dr. Mitite, una sociedad —de acuerdo a la investigación— ligada al líder de la banda, Samir Rivaldo Hernández. Yenifer Rubiano Santander operó del mismo modo, pero mediante el Centro Médico Madlife SpA. La investigación detectó también que recibió pagos por $12,8 millones desde la sociedad Alianza Med SpA, otra de las relacionadas al fraude de licencias. Todos eran “centros médicos” que nunca tuvieron sede física y sólo existían en el papel.
Sonia González Guzmán también formó parte del esquema ilegal junto a su marido, Cristián Cantillo Sarabia.
En tanto, María Laura Rosado, Edwin Calderon Alarcón, Emmanuel Guerra Castilla y Carlos Lora Buelvas fueron otros nombres recurrentes. La Fiscalía detectó movimientos ilícitos en el caso de ellos, aunque optó por dejarlos fuera y no perseverar.
Fuente: www.bibiochile.cl
