El rol de un médico hepatólogo que ejerció paralelamente en el Hospital Clínico de la UC y como coordinador nacional de los programas de trasplantes del Ministerio de Salud está en entredicho. La Contraloría cuestionó algunas actuaciones del profesional que a simple vista parecen estar reñidas con la probidad administrativa. Su desempeño también es objeto de un sumario administrativo.
Sin justificación y pese a cumplir los requisitos, 84 pacientes que debieron ser trasplantados de acuerdo con la lista de espera se quedaron sin la cirugía. Así consta en una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el proceso nacional de donación de órganos.
De acuerdo al informe de 104 páginas, el organismo fiscalizador detectó un caos en la nómina de potenciales receptores de órganos y un evidente conflicto de interés de quien por más de un año estuvo a cargo de vigilar los trasplantes a nivel nacional.
Se trata de un empleado clave en el funcionamiento de los programas del Ministerio de Salud, quien tenía la misión de coordinar la oferta de órganos en todos los recintos de salud, privados y públicos, del país. Pese a ello, se descubrió que en paralelo a su rol como servidor estatal continuó prestando servicios para una de las clínicas más importantes de Chile.
En su rol como coordinador nacional, por ejemplo, autorizó trasplantes en el Hospital Clínico Universidad Católica (UC Christus), pese a que al mismo tiempo se desempeñaba como médico hepatólogo en ese recinto privado de salud.
Por si fuera poco, y en una muestra evidente del caos en el proceso de donación de órganos, se constató que los nombres de tres pacientes que figuraban vigentes en listas corresponden a personas fallecidas.
Asimismo, un número de personas no identificado en la auditoría seguía siendo parte de la nómina de potenciales receptores, pese a que ya habían sido trasplantados.
Sin trasplante
La Contraloría llevó a cabo una auditoría con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema de donación, procuramiento y trasplante de órganos a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
En efecto, el organismo buscaba conocer si se estaba cumpliendo, por ejemplo, con garantizar el acceso igualitario a todas las personas que figuran en las listas de espera como potenciales receptores de órganos y si se estaba logrando incrementar la donación efectiva.
Durante el proceso de investigación se detectaron varias irregularidades relacionadas con el proceso. Por un lado, se constató que 84 potenciales receptores de órganos no fueron trasplantados y no hay registro de justificación. ¿Lo más grave? Esos pacientes sí cumplían con todos los requisitos para la cirugía y, de hecho, debían ser los receptores de esos órganos de acuerdo con los criterios que establece la ley.
De esa forma, plantea la Contraloría en su informe, se verificó la falta de medidas de control ante el incumplimiento en las listas de espera por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
A partir de esos antecedentes el organismo fiscalizador inició sendos procesos disciplinarios buscando determinar las responsabilidades administrativas por el incumplimiento en el orden de la lista de espera.
Coordinador en la mira
El 1 de agosto de 2022, y debido a su vasta experiencia en la materia, Rodrigo Wolff Rojas, gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Clínico UC Christus dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue contratado a honorarios a suma alzada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales como coordinador nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos. Esto, a cambio de 1,2 millones de pesos mensuales.
En el marco de sus funciones, según estableció el decreto exento con el que se visó su contratación, al profesional graduado de la Universidad de Chile se le encomendó la implementación de una política nacional de procuramiento y trasplante de órganos; supervisar los procesos de la red; e implementar una red nacional de procuramiento.
Previo a ser contratado para esos fines, durante los primeros meses de 2022, el médico era parte de la Unidad de Trasplante del Hospital Clínico de la UC. En ese rol, propuso y representó los intereses de pacientes del recinto privado ante el Comité Asesor de Trasplante de Hígado donde se discutía la viabilidad de que fueran trasplantados.
El problema es que, de acuerdo con la información recopilada por Contraloría, una vez ya estaba como coordinador nacional, el profesional “sostuvo comunicación directa con ese centro médico para la autorización de pacientes del Hospital Clínico Universidad Católica”.
De hecho, en una cirugía de trasplante de hígado entre personas vivas, en la que un paciente de la UC Christus era el receptor, la declaración jurada de fines fechada el 31 agosto de 2022 —cuando Wolff Rojas ya era el coordinador nacional— aparece firmada por el aludido médico.
Es decir, reza el informe, Rodrigo Wolff Rojas “participó en aquellas instancias como profesional del Hospital Clínico Universidad Católica, en circunstancias que, simultáneamente se encontraba liderando la Coordinación Nacional en la Subsecretaría de Redes Asistenciales”, cuestión que contraviene los principios de probidad administrativa que rigen para cualquier servidor estatal.
“Prestó servicios a honorarios para el Hospital Clínico de la Universidad Católica y otras entidades relacionadas, y simultáneamente se desempeñó como Coordinador Nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos, configurándose a su respecto el deber de abstenerse de participar en dicha calidad en cualquier instancia de análisis, decisión o estudio relativo a pacientes del anotado establecimiento de salud privado, no constando que haya dado cumplimiento a dicho deber en los casos señalados”, añade el documento de Contraloría.
El llamado que no llegó
De los 84 casos detectados entre 2021 y 2023, en al menos 36 oportunidades los centros médicos donde se debían ejecutar los trasplante aseguraron no haber sido contactados para recibir los órganos que terminaron derivándose a otros recintos. Ello, sostiene Contraloría, tuvo como consecuencia una alteración en el orden de oferta de órganos.
Quienes afirmaron no haber recibido el llamado fueron el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Hospital Clínico Universidad de Chile, Clínica Santa María, Hospital del Salvador, Hospital Dr. Sótero del Río, Clínica las Condes, Hospital Regional de Concepción y la Clínica Dávila.
Precisamente la entidad encargada de ofertar esos órganos a los centros médicos era la Coordinadora Nacional, que en el periodo de estudio, además de Wolff, tuvo otros tres jefes. La alta rotación en ese cargo fue cuestionada por el organismo fiscalizador, puesto que no permitía llevar a cabo un trabajo correcto.
“El rol del coordinador nacional es clave para la sostenibilidad del modelo de procuramiento desarrollado en la red; en la percepción de sus pares y el funcionamiento de los procesos de donación y trasplante de órganos, resultando necesaria la estabilidad de la coordinación para poder implementar los objetivos y estrategias a largo plazo sobre la materia”, reza el informe.
Sumario y suspendido
En el caso particular de Wolff su actuación se encuentra bajo cuestionamientos por la propia Subsecretaría de Redes Asistenciales, misma repartición que lo contrató. Esto, pues cuando llevaba cerca de un año en el cargo se inició en contra de él un sumario por el que fue suspendido de sus funciones.
Así fue confirmado a BBCL Investiga por la jefa de División de Gestión de la Red Asistencial, Andrea Solís. La decisión la tomó el fiscal a cargo en el marco del procedimiento disciplinario como medida precautoria.
Posteriormente, a fines de 2023, “se determinó la no renovación de su contrato a honorarios, dando término a su comisión de servicio en el Ministerio de Salud”, detalló la funcionaria.
Extracción de órganos sin autorización sanitaria y falta de registros
La auditoría igualmente comprobó que el Hospital Clínico Mutual de Seguridad, entre julio de 2022 y abril de 2023, realizó procedimientos de extracción de órganos sin contar con la debida autorización sanitaria. Tampoco realizaba la notificación de los potenciales donantes, ni contaba con una coordinación local para la gestión de los donantes.
Además, se constató la falta de registros de potenciales donantes. En ese contexto, durante 2023 se informaron 1.847 fallecimientos por muerte con criterio neurológico, de los cuales 358 no se encuentran en el Sistema de Donación y Trasplante (SIDOT).
Subsecretaría de Redes Asistenciales responde
Consultada la Subsecretaría de Redes Asistenciales, entidad que fue objeto de la auditoría donde se detectaron las situaciones mencionadas, explicaron que las objeciones de Contraloría no son al trabajo que ellos realizan.
“En ningún caso (se) apunta al funcionamiento del proceso de oferta o de la conformación de las listas de espera, sino que a la ausencia del envío del documento formal ‘Causa de No Trasplante’ al ISP, para que en sus registros quede claramente respaldada esta decisión tomada por el Centro de Trasplantes respectivo”, detalló el actual coordinador nacional de Donación Procuramiento y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, Dr. José Luis Rojas.
“Por lo anterior, la Subsecretaría de Redes Asistenciales está implementando las medidas para que los equipos de trasplante realicen las acciones para el cumplimiento de estas responsabilidades administrativas. Asimismo, a través de la Coordinación Nacional, fiscalizará de manera continua los registros de ISP para que cumplan con los requerimientos administrativos existentes”, añadió el profesional a cargo de la gestión de los trasplantes a nivel país.
FUENTE: BBCL investiga https://www.biobiochile.cl/
