La Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental sobre el proyecto Minera Dominga al estimar que aún quedan instancias pendientes en la causa, en otro episodio de la larga historia del polémico proyecto. Se estableció que, en esta etapa procesal, no proceden los recursos, al estar a la espera de la determinación que adopte el Consejo de Ministros. Según la máxima sala, para alegar ante la Corte Suprema primero se deben agotar otras instancias que aun se encuentran pendientes, como la Comisión de Evaluación Ambiental a nivel regional, luego el Comité de Ministros y finalmente la primera instancia del Tribunal Ambiental de Antofagasta (sede judicial especial correspondiente a la macro zona norte). Esto representa un éxito procesal para Minera Dominga, pero aun faltan instancias administrativas para autorizar o no el proyecto, lo que deja el futuro de Dominga en manos del Gobierno de Gabriel Boric.
“Que este resolutivo, en cuanto acoge las pretensiones del reclamante Titular del proyecto, no anula únicamente la resolución del Consejo de Ministros, disponiendo una nueva votación de este sin nuevos antecedentes, sino que dispone que todo el procedimiento se retrotraiga a la etapa previa de evaluación que indica, esto es, la votación por parte de la COEVA, de la Región de Coquimbo”, sostiene el fallo. La sala indicó que “En efecto, lo relevante es que sea que se obtenga una RCA favorable o desfavorable en la votación de la COEVA, surge el procedimiento de revisión por parte de la misma Administración, que puede ser activado tanto por el titular como por los observantes PAC que denuncian que sus observaciones no han sido debidamente atendidas, que se materializa a través del ejercicio de la reclamación administrativa prevista en el artículo 20 y 29 de la Ley N° 19.300”, afirma la resolución.
“Además –ahonda–, una vez concluida la etapa de revisión administrativa surge la posibilidad de revisión judicial a través del ejercicio de la acción de reclamación prevista en el artículo 20 de la Ley N° 19.300 en relación al artículo 17 N° 5 de la Ley N° 20.600, acción que se ejerce ante un tribunal especial, con composición de expertos técnicos y jurídicos, que deben realizar un examen de legalidad respecto del acto administrativo que contiene la decisión del Comité de Ministros. Y, contra lo que allí se resuelva, subsiste la posibilidad de impetrar para ante esta Corte los recursos de casación correspondientes”.
“Que, en consecuencia, esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual –además– no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación”, concluye.
Según La Tercera, el gerente de asuntos corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón, señaló que “siempre hemos dicho que el desarrollo económico, humano y social son compatibles con el debido cuidado del medio ambiente. Las autoridades técnicas y la comunidad nos han entregado su respaldo y esperamos que quienes se han opuesto a este proyecto tengan la altura de miras para aceptar que en este caso su postura no tiene fundamentos”.
Desde el mundo político las reacciones fueron rápidas: el diputado Daniel Manouchehri (Partido Socialista, Distrito 5) “Es lamentable la decisión de la Corte Suprema. Esto le da tiempo a Andes Iron para seguir la venta del proyecto a capitales chinos. Estamos confiados en que el presidente Boric cumplirá con su palabra y el comité de ministros rechazará el proyecto. Dominga es muerte y corrupción”.
FUENTE: PODER JUDICIAL