Decisión se adoptó por excesiva demora en la entrega de este equipamiento y se estudia acciones legales contra la empresa por grave daño en la formación educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes.
A raíz de la injustificada demora por parte del oferente en la entrega de las tablets adquiridas, la Municipalidad de Antofagasta finalmente decidió poner término del contrato con la empresa adjudicada para estos fines. Esto por el incumplimiento de no entregar estos equipos en los tiempos establecidos, lo que generó un grave perjuicio a los niños, niñas y jóvenes de Antofagasta que necesitan de estos dispositivos para realizar sus clases online.
El Director de Desarrollo Comunitario Jaime Araya explicó que “solicitamos poner término anticipado al contrato celebrado con la empresa, toda vez que ellos no cumplieron la condición esencial de hacer entrega en un solo acto de las dos mil unidades comprometidas”
El director, además manifestó que este incumplimiento por parte de la empresa, “causó un grave daño a la imagen del municipio y lo peor, desilusionó a los niños, niñas y jóvenes que son beneficiarios de estos equipos”.
Desde esa perspectiva, el Director de Asesoría Jurídica Christian Arenas manifestó que “tras el término del contrato, con el cobro de las garantías respectivas, se está evaluando las alternativas para adquirir estos dispositivos, tomando en cuenta si existe el stock suficiente, para estos fines en el mercado, y pensando en lo imperioso que resulta contar rápidamente con ellas”
En esa línea, el Director de Dideco, justifica una nueva compra de estos equipos, “toda vez que esto ha sido un imprevisto para las familias de Antofagasta. Las clases virtuales producto de la pandemia, nos obligan a que los niños estén en la casa haciendo sus clases y hay muchos de ellos, que no tienen el soporte tecnológico para poder asistir con tranquilidad a sus clases”.
Finalmente, se ha instruido a las direcciones correspondientes, para definir las alternativas para remediar la situación en el más breve plazo, ajustándose a legislación vigente para la máxima transparencia en el manejo de los recursos públicos.