Por Antonio González
Tras la ocurrencia de varios homicidios durante el pasado fin de semana en las comunas de Lampa y Quilicura, el Presidente Gabriel Boric adelantó este jueves 18 de julio el anuncio de la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. A contrapelo o no de un gobierno progresista, que debiese construir más escuelas que cárceles, el Mandatario salió al paso de las críticas frente al aumento de la delincuencia y comunicó su decisión de instalar un nuevo recinto penitenciario con capacidad para 500 reos de alta peligrosidad, con un costo de 90 mil millones de pesos; recursos que serán gestionados vía fast truck . Para acelerar la construcción, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso, exceptuando varios trámites y permisos que suelen demorar la ejecución de estos proyectos.
Aun cuando el anuncio presidencial no definió con exactitud el lugar donde se emplazará la nueva unidad penal, el jefe de Estado sí aseguró que será en la Región Metropolitana. Hasta ahora se manejan dos probables ubicaciones. Sin embargo, la primera –próxima a Punta Peuco– ya estaría descartada por deficiencias en la provisión de agua; la segunda, en cambio, parece más cierta. De hecho, se menciona un recinto perteneciente al Ejército en las cercanías de la ex Penitenciaría, a escasos metros del Centro de Justicia, en la comuna de Santiago.
Ante esta última posibilidad, la edil capitalina Irací Hassler dijo que “como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente”, explicando que “la tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano”.
Casi en la misma línea, de inmediato el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego lanzó una verdad irrefutable: cualquiera sea la comuna elegida, cualquiera sea el barrio elegido para su instalación, los vecinos se opondrán. Obvio, así será. ¿Quién en su sano juicio querría que le construyeran una cárcel en su patio? No obstante, Orrego omitió otro detalle, tan o más importante que el primero: desde ya hay varias comunas descartadas. ¿Se imagina cuáles pueden ser?
Los vecinos del barrio alto de Santiago, así como de otros sectores “cuicos” del país pondrían el grito en el cielo si a la autoridad se le ocurriera construirles una cárcel de baja, mediana o alta seguridad a la vuelta de la esquina de sus viviendas de miles de UF.
La pregunta es ¿por qué no? ¿Acaso las comunas definidas como “zonas de sacrificio” están obligadas a albergar lo que nadie quiere en su vecindario? ¿Por qué Vitacura no podría tener su propia cárcel, su cementerio, su vertedero o su hospital público? ¿O es que sus vecinos no delinquen, no se mueren, no tiran sus botellas de whisky o no se enferman? Si de igualdad ante la ley se trata, cada comuna debería tener sus propias cárceles, sus cementerios, sus vertederos y sus hospitales. Cada comuna debiera hacerse cargo de sus delincuentes, de sus muertos, de su basura y de sus enfermos. Por cierto, cada una de las 345 comunas de Chile debiese contar con este tipo de establecimientos. En cambio, la mayor parte de esos recintos son construidos en las comunas pobres, en las mal llamadas “zonas de sacrificio”.
Por lo pronto, la basura de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Providencia y varias otras va a parar a la comuna de Til Til, como si sus habitantes fueran seres humanos de segunda categoría y estuviesen condenados a recibir los desechos de los vecinos más pudientes. Cabe destacar que otras ciudades del país cuentan con sus propios rellenos sanitarios, y una que otra tiene cárcel y cementerio. Santiago es una excepción. Bueno, la capital de Chile tiene sus regalías.
¿Por qué no hay mayor cuestionamiento para la apertura de nuevos malls en distintos lugares? Incluso, hay uno en Chiloé, centro comercial que arrasó con toda la estética y valor arquitectónicos de la isla; sin embargo, al parecer aquello no es de interés de nadie. Donde sí se armaría una discusión descomunal sería a la hora de proponer la construcción de una cárcel de alta seguridad o un relleno sanitario en el barrio alto de Santiago.
Ya es hora de hacerse cargo de lo que molesta, de lo que huele mal o de lo que representa un peligro para la convivencia social. Ya es hora de que el Estado se ponga el objetivo de construir, por ejemplo, un centro de formación técnica en Til Til para que sus jóvenes puedan estudiar, o un campus universitario, en vez de seguir tirando la basura de Santiago a metros de la casas de esa comuna. Ya es tiempo de aprovisionar de médicos y medicamentos a su precario hospital, cuyos pacientes se ven forzados a acudir a varios kilómetros de distancia para atenderse en el colapsado Hospital San José, gastando dinero en movilización y perdiendo tiempo en acompañar a sus familiares. ¿Por qué las cárceles solo se pueden construir en San Miguel, Puente Alto o Santiago?
Así como el Presidente Boric eligió vivir en el barrio Yungay –lugar tradicional de Santiago, pero desconocido e inimaginable para una gran mayoría de capitalinos ABC1– sin que hasta ahora a su excelencia se le cayera una sola letra de su apellido croata, así también de disruptivo y, por tanto, progresista, sería construir una cárcel en Vitacura, aunque semejante decisión precipitara la alopecia súbita de algunos de sus pobladores.
Hasta ahora se sabe que muchos ocupantes de ciertos barrios se niegan a la construcción de un estadio para el club deportivo de la Universidad de Chile, por considerar indeseables y peligrosos a sus hinchas, pero mientras ello no ocurra, no es posible presuponer que esos barrios se verían afectados por la delincuencia y la pérdida de su plusvalía habitacional. Los mismos temores hubo en su momento con la construcción del estadio de Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo. ¿Por qué los vecinos del estadio Santa Laura o los del Ester Roa de Concepción tendrían que valer menos que sus pares de la “cota mil”, con sus colegios, universidades y clínicas de país desarrollado?
En los hechos, la realidad da cuenta de esa odiosa diferencia; por lo tanto, es hora de abuenarnos como chilenos y darnos la oportunidad de cultivar una convivencia más armoniosa y democrática. Es hora de dejar de borrar con el codo lo que desde hace dos siglos se ha escrito con la mano. Basta ya de esa falacia de la igualdad ante la ley. Si Chile pretende igualar a sus ciudadanos, democratizando sus instituciones, debería repartir derechos y obligaciones con justicia y equidad; cada comuna debería hacerse cargo de su basura, de sus delincuentes, de sus enfermos y de sus muertos.
Santiago ya tiene suficientes cárceles y cementerios.
¡Cárcel en Vitacura, ahora!
